¿Es el pacifismo inmoral?


por Oscar Elía Mañú*

Cuando la victoria, en forma de paz estable, asoma por el horizonte iraquí, los recuerdos de las manifestaciones de 2003 contra la operación angloamericana provocan la mueca burlona en quienes la defendieron, mientras quienes la criticaron parecen aquejados de la más absoluta de las amnesias. Hace casi seis años, cientos de miles de personas, espoleadas por casi todos los medios de comunicación, se lanzaron a la calle. Pero todos ellos tenían poco en común, y enarbolaban un pacifismo que era, en cada uno de ellos, distinto. Encarnaban, al menos, tres tipos distintos de pacifismo; unos tipos de pacifismo que, lejos de la superioridad moral que se les suele atribuir, podrían constituir claros ejemplos de inmoralidad política.

La tragedia del pacifismo moral

En los años sesenta Jean Hyppolite era uno de los mandarines del mundo universitario y cultural francés. Compañero de Sartre y Aron en la Escuela Normal Superior (de la que posteriormente sería director), profesor en la Universidad de Estrasburgo y en el Collège de France, Hyppolite tuvo por discípulos a gente como Michael Foucault, Jacques Derrida o Gilles Deleuze. Fue uno de los más respetados traductores e interpretadores de Hegel en el efervescente mundo cultural francés de la segunda mitad del siglo XX, al tiempo que un socialista y un pacifista convencido.

En los sesenta, el joven doctorando Julien Freund pidió a Hyppolite que le dirigiera la tesis. Resistente durante la guerra, políticamente realista, y demasiado cercano al culturalmente marginado Carl Schmitt, el trabajo doctoral de Freund reconocía la realidad existencial de la guerra y de las nociones políticas de enemigo, violencia y fuerza. La respuesta de Hyppolite estaba en coherencia con lo que Hyppolite era: “Soy pacifista y socialista. No puedo patrocinar una tesis en la que se declara que sólo existe política donde hay enemigo”. Ironías de la historia, la tesis de Freund –que incluyó a Hyppolite en el tribunal que debía juzgarla– acabó siendo tutelada por Aron y Schmitt; hoy es un clásico de la filosofía política y del conflicto.

Al igual que la de Schmitt, la obra de Freund se funda en el carácter sustancial de lo político y de las nociones amigo-enemigo. Demasiado para un socialista pacifista como Hyppolite: “Si usted tiene razón, no me queda otra salida que cultivar mi jardín”, dijo cuando le tocó responder a la presentación de Freund. A lo cual éste replicó, descarnada y contundentemente: “Como todos los pacifistas, piensa que es usted quien designa a su enemigo. Desde el momento en que no queramos tener enemigos, no los tendremos, piensa. Ahora bien, es el enemigo el que le elige a usted. Y si él quiere que usted sea su enemigo, lo será. Y le impedirá incluso cultivar su jardín”[1]. La réplica de Hyppolite no fue menos contundente: “Entonces, sólo me queda el suicidio”.

Ante la descarnada realidad que Freund le puso ante los ojos, Hyppolite no pudo menos que reconocer que sus convicciones pacifistas le habían conducido a un callejón sin salida. El suicidio. Si la guerra pertenece a la política, de tal manera que no es posible concebir la una sin la otra, si la enemistad constituye la esencia de lo político, el pacifista moral queda abocado a moverse en un mundo sin sentido; y un mundo sin sentido es un mundo en el que la vida carece de valor.

La desesperación de Hyppolite da cuenta de los límites del pacifismo moral. El “antes rojos que muertos” no sólo era una afirmación ideológica de una izquierda voluntariamente ciega (¿?): era, para muchos, la afirmación suprema del pacifismo, que no es otra que el sacrificio; la demostración de la superioridad moral de quienes aceptan convertirse voluntariamente en objeto de la violencia. El pacifismo de la no violencia no puede mostrar su valor en una historia en la que tiene las de perder; por eso mismo recurre al sacrificio, a la admisión de la propia muerte, por injusta que sea, antes que la del prójimo.

En último término, la fuerza moral de este pacifismo descansa en el hecho de que el imperativo paz a cualquier precio empieza por uno mismo y es invariable, pase lo que pase. No sólo la esclavitud política o la rendición incondicional: la propia aniquilación se acepta de buen grado; de hecho, constituye la máxima afirmación pacifista, la prueba irrefutable de moralidad. Para que el pacifista moral sea consecuente, ha de llevar el rechazo al uso de la fuerza hasta sus últimas consecuencias.

Preferir morir a matar honra al religioso, al socrático que se conforma con detectar la inmoralidad del injusto y soportarla. Es gente que acepta el sufrimiento a cambio de una moralidad absoluta, incuestionable. Mueren por no matar, y esperan con su ejemplo denunciar una injusticia. Ahora bien, ¿puede extenderse este maximalismo moral a la política? alejado de cualquier sutileza ideológica o política, José Bono mostró la atracción que ejerce el sacrificio sobre el pacifista. “Yo prefiero que me maten a matar; soy un ministro de Defensa”, dijo en su momento.

Lo cierto es que la actitud de Bono devino irresponsabilidad e inmoralidad. Si hay alguien en una sociedad que deba preferir matar a morir, y hacer de ello un imperativo moral, es precisamente el ministro de Defensa. Sobre él recae la responsabilidad de defender a la comunidad de las amenazas que sobre ella pesen. No será él quien tenga que matar ni –mucho menos– morir: serán aquellos que estén a su cargo los que hayan de soportar las penalidades de la agresión violenta.

El Gobierno del Frente de la Paz parece hacer suya la máxima del político manchego. Pero no son sus miembros los que mueren en nombre del pacifismo, sino unos individuos, los soldados, cuya profesión les exige seguir la máxima opuesta. Y será la sociedad en su conjunto la que, en las peores circunstancias, sufrirá los males de la renuncia institucional al uso de la fuerza.

Cuando el responsable político abraza este pacifismo moral, abre de par en par las puertas a la inmoralidad. ¿Puede el pacifismo ser inmoral? Sin duda. El ejemplo del ex ministro de Defensa habla por sí solo: cuando los destinos de la comunidad dependen de quien renuncia de antemano a defenderla, cuando éste traiciona la responsabilidad que le ha sido confiada, la inmoralidad es evidente.

Lo que al pacifista moral le repugna de la política es que el ministro de Defensa –así como el resto de responsables políticos– tenga entre sus tareas la de matar en determinadas circunstancias. No podemos menos que simpatizar con ese sentimiento; e inquietarnos cuando el encargado de movilizar tropas y adquirir carros de combate o aviones decide dejarse guiar por él en vez de cumplir con su deber.

En la Europa pacifista y hedonista, la afirmación de que algunos están llamados a matar en nombre de los demás mueve a escándalo. Suena a herejía democrática, provoca indignación a izquierda y derecha. Matar carece de sentido para las democracias actuales. Pero el problema no está sólo en esta actitud, sino en el hecho de que ni siempre ha sido así, ni hoy, fuera de la sociedad, moderna, existe alguien tan ingenuo como para pensarlo. CONFUSO. La enemistad es la esencia de lo político, y en algunos casos alcanza tal intensidad que acaba desatando la violencia, por mucho que consterne o indigne a los pacifistas sinceros.

En el siglo XXI, el pacifista confunde sus deseos con la realidad, tal y como lo hacía antes del 11-S. Como afirma Freund, no está en su mano elegir el enemigo; “si él quiere que usted sea su enemigo, lo será”. Y si quiere declararle la guerra, la declarará. El pacifista baja los brazos, muestra las palmas ante la amenaza yihadista, se indigna ante la expedición aliada a Iraq. ¿Elimina así la guerra? Quizá sí de su conciencia; puede evitar la guerra apelando a la paz, pero no evitará que, tras ser declarado enemigo, la furia y la violencia se ciernan sobre él. Incluso la conciencia que clama por la paz estará en peligro tan pronto como se ponga en juego su existencia y la de las que le rodean.

Contra lo que el pacifista parece pensar, quien renuncia al uso de la fuerza no sólo no la elimina, sino que la provoca. “un estado que se abandona al pacifismo será devorado exactamente como un animal que ha renunciado a defenderse” (Jünger). La renuncia al uso de la fuerza sólo tiene sentido en un entorno en el que todos renuncien a ella; realidad evidente, a condición de abrir los ojos a la historia y a la propia realidad. Desde Ben Laden a Putin, Chávez o Ahmadineyad, el globo rebosa de tiranos dispuestos a devorar a sus semejantes. El si vis pacem para bellum escandaliza al pacifista, pero el realista puede mostrar a su favor el hecho de que es la fórmula más segura para garantizar la paz de los suyos. El pacifista, por el contrario, comunica su disposición a la rendición, y al hacerlo estimula a quien no tiene interés alguno en mantener la paz.

El pacifismo absoluto no sólo provoca la guerra: la hace aún más violenta. El belicista, el depredador humano huele el miedo; las manos blancas que el pacifista opone a su agresor sólo le provocan desprecio. Es el desprecio del vosotros amáis la vida, nosotros amamos la muerte (Ben Laden), de las bufonadas criminales de Hugo Chávez, de las amenazas de tantos terroristas y tiranos. A cada cesión democrática, a cada paso atrás de las sociedades libres, el tirano responde dando un paso hacia delante, preparando nuevas reivindicaciones, elevando el tono de las exigencias. Eligiendo un camino que cree que conduce a la paz, el pacifista logra el resultado contrario. Hace real la inversión de la fórmula: si vis bellum para pacem, hasta que es demasiado tarde.

El deseo de mantener la paz es tan noble como deseable; convertido en imperativo categórico, no es lo uno ni lo otro. El gobernante pacifista no sólo no actúa por la paz, sino que se precipita en el oscuro mundo de la guerra sin saberlo, sin pretenderlo y sin haber preparado a los suyos para hacer frente a las amenazas. Es así como la responsabilidad se torna imprudencia y, en el peor de los casos, inmoralidad de la peor especie; la que afecta a aquellos gobernantes que olvidan que la comunidad ha depositado en sus manos el monopolio de la fuerza y la función de garantizar la supervivencia de la sociedad.

Los límites del pacifismo jurídico

Forzoso es reconocer que el pacifismo no siempre alcanza un carácter absoluto; las más de las veces tiende a él pero sin llegar a constituir una invitación al suicidio. Si el pacifismo moral hace abstracción de las condiciones diplomático-estratégicas, sus variables moderadas las reducen a una de sus dimensiones. Es el caso del pacifismo jurídico, la paz por medio del derecho. De los tres tipos de pacifismo, parece el más extendido al comienzo del siglo XXI; de manera zafia y soez, el lema acerca de la guerra de Iraq: inmoral, ilegal, ilegítima, resuena aún hoy en las declaraciones de Rodríguez Zapatero, y muestra los límites reconocibles del pacifismo jurídico.

En 1919, una Europa agotada por la Gran Guerra firmaba los tratados de Versalles. Los firmantes, “para fomentar la cooperación entre las naciones y para garantizar la paz y seguridad”, daban en “asegurar ciertos compromisos de no recurrir a la guerra”. Compromisos que encontraban en la Sociedad de Naciones la autoridad necesaria para hacerlos cumplir:

Toda guerra o amenaza de guerra, afecte o no directamente a alguno de los miembros de la Sociedad, interesa a la Sociedad entera, la cual deberá tomar las medidas necesarias para garantizar eficazmente la paz de las naciones (art. XI).

En el Pacto de Versalles aparecen los elementos que Woodrow Wilson había señalado un año antes en su discurso de los Catorce Puntos, y sobre ellos se establecía la existencia de una autoridad mundial con legitimidad para hacer cumplir los preceptos de la paz. No pareció suficiente: en 1928 la humanidad daba un paso más: se firmaba el pacto Briand-Kellogg; sus firmantes lo bautizaron ambiciosamente Tratado General de Renuncia a la Guerra, y sobre él estamparon sus firmas los mandatarios de las potencias que diez años antes se habían despedazado a modo. ¿Cabía mejor voluntarismo que el expresado en el primer artículo: “Las altas partes signatarias declaran solemnemente en nombre de sus naciones, que condenan la guerra como medio de solución de controversias internacionales y que desisten de su uso como herramienta de la política nacional en sus relaciones mutuas”?

El pacto pretendía enterrar definitivamente la tentación humana de acudir a la guerra mediante el mecanismo de invertir la fórmula clausewitziana sobre la relación entre guerra y política: “La reglamentación y la decisión sobre cualquier conflicto jamás será buscada por otros medios que no sean los pacíficos” (art II). La política, lejos de contener en sí misma la guerra como posibilidad y realidad inquietante, tendría como objetivo el evitarla. La política y el derecho no reglamentarían la realidad de la guerra; simplemente acabaría con ella.

Pero poco después los mismos países que se comprometieron solemnemente a renunciar a la guerra desencadenaban el infierno sobre la tierra; fueron los fusiles y artefactos franceses, italianos, alemanes, norteamericanos los que mataron a millones de personas en todo el mundo. La II Guerra dio paso además a la extensión del imperio bolchevique por Europa, lo que no impidió que el ideal de la paz por el derecho resucitara tras el armisticio. El nuevo intento nació con las Naciones Unidas, en cuya Carta se habla de “asegurar, mediante la aceptación de principios y la adopción de métodos, que no se usará la fuerza armada sino en servicio del interés común”. Tanto la Sociedad de Naciones como las Naciones Unidas no se quedaban en una afirmación de voluntades: proporcionaban los mecanismos legales y jurídicos para llevar a efecto unas intenciones que todos sus integrantes afirmaban compartir.

La violencia legítima quedaba severamente limitada: sólo en caso de legítima defensa y sólo si contaba con el respaldo de la comunidad internacional, el uso de la fuerza tenía justificación. Depositada en el Consejo de Seguridad y en la Asamblea General, la legalidad internacional buscaba reducir la política entre naciones a su aspecto diplomático. Las conferencias sustituirían a los cañones, las cumbres a las bombas, los diplomáticos a los generales. Para el pacifista jurídico, toda guerra es, en primer lugar, ilegítima, puesto que sólo la ONU puede autorizarla; y, en segundo lugar, ilegal, porque la ONU, de hecho, la proscribe como instrumento político.

Los idealistas no desconocían, y no desconocen, el carácter imperfecto de la legalidad internacional. Reconocen su carácter limitado, pero ven la botella, al menos, medio llena. Creen –probablemente con cierta razón– que sin la ONU las guerras serían más y más despiadadas. Los realistas, por el contrario, advirtieron desde el principio acerca de dos cosas. En primer lugar, de que la paz por el derecho era contraria a la naturaleza de la política. En tanto que siga existiendo vida política –razona el realista– seguirá existiendo la distinción fundamental entre amigo y enemigo; distinción relativa o absoluta, pero real en todo caso. La guerra, al contrario que lo que busca el pacifismo jurídico, no desaparece por medio del derecho.

La segunda advertencia era ésta: puesto que la guerra seguiría existiendo, con independencia de que fuera reconocida o no, arrojarla fuera de los usos y costumbres –es decir, fuera de la ley– significaría eliminar cualquier límite a su empleo. Al prohibirla, la comunidad internacional eliminó el sentido que el ius ad bellum y el ius in bello venían teniendo: limitar el uso de la guerra y limitar el uso en la guerra. Desde entonces, la guerra se ha extendido e intensificado como nunca antes. La era contemporánea es la era de la prohibición de la guerra; también de su extensión y de su carácter absoluto.

¿Acierta el realista en sus advertencias? El pacifista jurídico confía en la legalidad internacional para acabar con unas guerras que se han multiplicado desde que fueron prohibidas. Pero el derecho no es causa de la unidad humana; es más bien su consecuencia. El Estado, depositario del monopolio de la fuerza, lo es por convención humana. Los realistas aciertan en lo fundamental; la creencia en la existencia de un Estado Mundial es una ficción, porque la unidad de la humanidad lo es. En tanto que exista una pluralidad de poderes capaces de emplear la fuerza, la analogía con el Estado Nacional carece de sentido; en la medida en que la Asamblea General esté poblada de tiranos y déspotas, la unidad en democracia será inexistente.

Frente a las pretensiones jurídicas, la comunidad internacional se mantiene en un permanente estado de naturaleza, y los acontecimientos no parecen apuntar en otra dirección que el equilibrio de poderes –cooperación y enfrentamiento– típico desde Tucídides. Si el final de la Guerra Fría trajo alguna esperanza no fue en este sentido; más bien asistimos al nacimiento de un equilibrio inestable y multipolar donde ni el Estado nación ni la ley desempeñan el papel con el que el idealismo jurídico sueña.

La creencia en la existencia de una autoridad planetaria (“La seguridad y la paz sólo se extenderán con la fuerza de las Naciones Unidas”, dijo Rodríguez Zapatero en 2004) da la razón a los pesimistas: no será la humanidad unida la que emplee la violencia legítima en nombre del ser humano, sino los distintos países, en nombre de causas justas o de empresas egoístas pero siempre particulares. Lo harán en nombre de una humanidad a la que dicen representar, pero a la que sólo en contadas ocasiones pueden, de hecho, representar. No será su adecuación a las resoluciones de la ONU, a los votos de Rusia o China, lo que señalará el carácter justo o injusto de la intervención angloamericana en Iraq.

Además, el derecho es, por definición, conservador; favorece el statu quo, la situación de facto, con independencia de su justicia o injusticia. No existirá un solo país en la tierra cuyas fronteras no estén trazadas mediante el recurso a la fuerza; todos tienen un pecado original, que afecta a la base misma del orden internacional. Trazados en medio de guerras, matanzas y engaños, las fronteras, el orden y la legalidad internacional son injustos; instalan al vencedor en un orden confortable y al perdedor en uno detestable.
¿Bajo qué criterio declarar justo o injusto este orden?¿válidas o no unas fronteras? No, desde luego, desde el criterio del que en el pasado ha visto mutiladas las suyas por un país más fuerte. Cuando éste desea modificar su estado actual, emprende la guerra al margen de cualquier legalidad; libre de los límites del derecho, extiende la guerra desde el genocidio hasta la propaganda, desde el coche bomba hasta la amenaza nuclear.

La legalidad internacional nada dice de la justicia o la injusticia; fija como justo un orden interestatal sumamente discutible. Y, más allá de eso, puede ser también profundamente inmoral, tan pronto como proporcione coartada a actos criminales y bárbaros. En España, quienes hace casi seis años se manifestaban por la legalidad internacional, expresaban sus buenas intenciones, y al hacerlo proporcionaban barra libre a los tiranos del mundo, que tomaban buena nota de la defensa incondicional de la legalidad de las Naciones Unidas en las calles europeas.

Hasta 2003, al amparo de la legalidad internacional y del principio de soberanía, Sadam gaseaba kurdos, masacraba chiíes y mostraba a sus vecinos el colmillo de la invasión. Mientras en Madrid o Londres se reclamaba respeto a la legalidad internacional, el tirano iraquí cometía inmoralidades sin fin… al amparo de una legalidad internacional que era el primero en sacar a relucir. ¿Existían motivos justificados para la invasión norteamericana? La discusión es aún hoy interminable; pero no será por el respeto a una legalidad internacional que cobijaba y cobija comportamientos inmorales como se juzgará el derrocamiento del dictador, la sangrienta postguerra y la previsible victoria angloamericana.

Calificar el pacifismo jurídico de inmoral resulta a todas luces excesivo, pero no lo es tanto señalar que no tiene por qué ser garantía de justicia y de moralidad. No será con votaciones en el Consejo de Seguridad como la violencia se haga legítima o moral, ni una guerra más justa. Las más de las veces ocurre lo contrario: la violencia más implacable se desarrolla bajo el amparo legal de las Naciones Unidas, y el comportamiento de éstas resulta más vergonzoso que edificante cuando de lo que se trata es de impartir justicia en cualquier rincón del planeta.

Pacifismo ideológico y belicismo

En la era del No a la guerra, cuando el mausoleo de Lenin es visitado por el turista norteamericano mientras sus estatuas se pudren en los almacenes del Kremlin, el pacifismo ideológico bebe directamente de los dogmas del líder bolchevique. Marx y Engels identificaron en la economía moderna el origen de la expansión militar europea hacia otros continentes; Lenin y Luxemburgo establecieron el vínculo definitivo, la relación capitalismo-imperialismo que durante un siglo fascinó a la izquierda burguesa europea, y proporcionaron la solución para la paz duradera: la lucha de clases y la revolución final.

La izquierda, ayer como hoy, considera que la guerra es la continuación de la política liberal-capitalista por otros medios. Toma de Lenin la creencia de que el bienestar europeo es causado por el empobrecimiento asiático, africano, suramericano. Y que, en consecuencia, el empobrecimiento de éstos se explica por el enriquecimiento de aquéllos. Ninguna de estas afirmaciones ha sido probada jamás. Los países que más directamente han vivido bajo la ocupación de metrópolis europeas han sido precisamente los que más han progresado en términos económicos. Pero no es la realidad lo que interesa al progresista, sino la coherencia y la fuerza de su ideología.

En clave postmoderna, la izquierda no ha abandonado, en lo sustancial, este esquema ideológico. La violencia terrorista es la respuesta tercermundista a la política europea. ¿No es la avaricia europea la que provocó la respuesta del 11-S?, claman los escritores oficiales de la izquierda, desde El País o El Mundo. Sin excesivo esfuerzo moral, la izquierda declara solemnemente culpables a los occidentales de todos los crímenes de la historia, y justifica el terrorismo de hoy en nombre de una injusticia histórica. Es Occidente como sujeto histórico el culpable de los males que afligen al mundo. Y como tal debe ser tratado.

Como el lector convendrá, el pacifismo ideológico, el que parece impulsar al Frente de la Paz español, no es de hecho un pacifismo. Para el pacifista moral, la solución a la guerra estriba en no librarla, aunque eso signifique desesperación, suicidio. Para el pacifismo jurídico, la solución pasa por un Estado mundial que no existe más que en su imaginación, pero que considera real. Sin embargo, para el pacifismo ideológico el final de la guerra va unido al final de las condiciones que la hacen posible. Final que desde Lenin a Gorbachov bien podría librarse a golpe de revolución mundial, y que desde 1989 se busca con idéntico ahínco pero con diferentes métodos.

La Alianza de Civilizaciones no parece más que la encarnación postmarxista del viejo mito leninista. El terrorismo es la consecuencia de las afrentas culturales e ideológicas de Occidente. Encadenando causas, la violencia y el terrorismo son fruto de la humillación y el hambre; a su vez, éstos son consecuencia de la política occidental de expansión de mercados, económicos y culturales; y esta expansión, producto necesario de la propia estructura política y económica liberal. El progresista que desde Le Monde o The New York Times establece la relación unívoca entre economía de libre mercado y yihadismo no hace sino actualizar en clave postmoderna y descafeinada las arengas leninistas.

El pacifista ideológico de hoy descubre con orgullo la receta para el fin de la violencia: el fin del desencuentro entre culturas y civilizaciones. Pero proporciona un único remedio: el cambio de actitud occidental, que es al fin y al cabo el fin de su forma de entender el hombre, la sociedad, la política. Así, busca la paz mediante la destrucción, declara la guerra en nombre de la paz. A diferencia de lo que sucede con el pacifismo moral, no se conforma con no hacer nada: actúa contra su presente y contra su pasado histórico y cultural.

Paradójicamente, el pacifismo ideológico, con su actitud de doblarse sobre sí mismo, acaba como el pacifismo moral: embarcado en un proceso de destrucción social, acaba concibiendo el suicidio como algo deseable. Si Occidente es culpable de la guerra, nada más natural que soportar sus consecuencias. En la reparación de la injusticia que Occidente ha cometido, razona el progresista, el sacrificio no está fuera de lugar. Con su testimonio, ha razonado Pilar Manjón, la víctima señala las verdaderas causas del crimen: Iraq, Aznar, Bush; y tras ellos el imperialismo, el capitalismo, el cristianismo.

En su extremo más ideológico, el progresismo deviene belicismo; en nombre de la paz, desencadena la guerra. Sólo declarando la guerra a los enemigos de la paz puede lograrse la paz. Contradicción para el pacifista, pero no para el progresista, que es bastante más realista que el moralista y el idealista: no busca la paz, sino la paz revolucionaria. El progresismo, en la Europa del siglo XXI, ha declarado una guerra a la tradición política y cultural de la propia Europa. Guerra no cruenta, no bañada en sangre, pero que se libra en nombre de una paz que sólo se logrará cuando la causa de la guerra sea cercenada.

Es así como los aliados extremos que acompañan al presidente Rodríguez Zapatero en su ansia infinita de paz protestan contra Bush, defienden el diálogo por la paz, al tiempo que defienden el uso brutal de la violencia en Colombia, en Cuba, en Venezuela. En Irán y Venezuela aplauden la política pacifista española, y Hamás y Hezbolá felicitan a Zapatero y se felicitan por lo que éste hace. Si el presidente del Gobierno es sincero o no en sus afanes pacifista es algo que les importa y les interesa menos que el efecto de la política de aquél sobre una España y una Europa que son, en sí mismas, obstáculos para la paz. Ésta será sólo posible cuando una y otra dejen de existir para siempre.

¿Inmoralidad del pacifismo?

Toda política debe llevar aparejada cierta dosis de pacifismo, si entendemos éste por el deseo de una paz justa y duradera, de un orden político e institucional lo más humano posible, de una sociedad que proporcione bienestar a cuantos más, mejor; o como la práctica de la prudencia antes de desatar un poderoso instrumento, la guerra, que se lleva por delante la vida de muchas gente. Establecer límites al uso de la guerra y levantar barreras jurídicas y morales a su desarrollo parece una necesidad humana que debe estar presente en toda acción política.

La política debe incluir cierto pacifismo; pero no se ha de identificar con él. En el caso de los tres pacifismos de que se ha hablado en este artículo, la política se reduce al imperativo de cierto tipo de paz. El pacifista moral levanta las manos, se muestra desarmado, y al hacerlo estimula a su agresor a hacer uso de la violencia: quien nos ha declarado enemigos no desea de nosotros nuestro ejemplo, sino nuestra derrota. Ante la disyuntiva entre defensa y suicidio, el moralista lo tiene claro: antes morir desesperado que derramar sangre ajena; actitud que en el político y el gobernante adquiere carácter de irresponsabilidad e inmoralidad. No cabe duda alguna de que, instalado en el Gobierno de una nación, el pacifismo moral, la paz a cualquier precio, resulta profundamente inmoral.

El pacifista jurídico, por el contrario, no parece creer en la inmoralidad absoluta de la violencia. La sanciona si quien la ejerce es una autoridad legítima. Pero resulta que jamás encuentra una autoridad legítima. En Naciones Unidas las democracias son minoría, y Rusia y China tienen un poder formidable. Ante la Asamblea General, el Consejo y la Secretaría General, el pacifista jurídico o se encoje de hombros y se conforma con lo que hay, o descubre horrorizado que la paz mundial, de hecho, está en manos de quienes jamás han creído en ella. Puede, aun así, creer en la legitimidad de las Naciones Unidas: tendrá, no obstante, que demostrar que éstas no se mueven por intereses tan inmorales como los de sus Estados miembro.

Por fin, el pacifista ideológico descubre una realidad que ninguno de los anteriores ha descubierto. Cree en el uso de la fuerza, pues los suyos la han ejercido durante un siglo. Desprecia una legalidad internacional que sólo le interesa en la medida en que suponga la destrucción de un orden político que considera responsable de la propia guerra. Por eso su apelación a la legalidad internacional es selectiva: le interesa contra Bush y Aznar, pero la olvida cuando quienes andan de por medio son González o Rodríguez Zapatero. El pacifista ideológico exige de las democracias liberales un comportamiento del que exime a las dictaduras populares o islámicas.

El pacifismo moral puede ser inmoral tan pronto como se vuelva políticamente absoluto; el pacifismo jurídico, tan pronto como pase por alto el carácter limitado, en lo institucional y lo moral, de la comunidad internacional. Pero es que el pacifismo ideológico es en sí mismo inmoral: porque concibe la paz como instrumento para alcanzar su verdadero objetivo y porque, al final, el logro de dicho objetivo pasa por el uso de la violencia, abierta o no, dialéctica, moral o física. No es la paz lo que interesa al pacifista ideológico, sino algo situado más allá. Por eso manifestó su oposición a la guerra apedreando las sedes del Partido Popular, por amenaza de muerte a presentadores radiofónicos, o lanza cócteles molotov contra emisoras de radio.

En un siglo XXI que en España comienza convulso, convendrá al menos no engañarse ni con los sentimientos de unos y otros ni, mucho menos, con sus intenciones.


* Oscar Elía Mañú, Ph.D, analista de políticas y estrategias internacionales.


Nota

[1] V. Juan Carlos Valderrama, “Julien Freund, la imperiosa obligación de lo real, Sociedad de Estudios Políticos de la región de Murcia”, 2006.


Fuente

1. GEES – Grupo de Estudios Estratégicos

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One Response to ¿Es el pacifismo inmoral?

  1. Paladión says:

    Formidable artículo. No tiene una sola arruga.
    Ojalá Obama lo lea.
    Gracias

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